La extradición se rige por tratados internacionales y leyes nacionales, y puede negarse si el país requerido no tiene un acuerdo de extradición con el país solicitante, si el delito por el que se solicita la extradición no está considerado un delito en el país requerido, si el delito es político o si la persona solicitada corre el riesgo de ser torturada o ejecutada en el país solicitante.
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El tipo y el núpuro de autorizaciones de autoempleo disponibles para nacionales de países no pertenecientes a la UE se establecen mediante el “decreto flussi”.
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